jueves, 18 de mayo de 2017

Periodismo en riesgo: Tuvieron que matar a periodista para que hable el presidente, y sus palabras no son optimistas

“Hay que redoblar la exigencia para que no haya un muerto más y para que caigan los responsables de los crímenes contra periodistas. Y esta exigencia debe darse desde los medios y la sociedad civil, con la participación de organismos internacionales”
Por: Daniel Moreno Chávez, Director General de Animal Político, México
Aquí no caben los matices: En México no existe libertad de expresión ni derecho a la información.

Estados completos del país –como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas o Veracruz, por mencionar los más significativos– viven el silencio obligado de los periodistas, ante las amenazas y agresiones del crimen organizado y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Amplias regiones no pueden ser visitadas por reporteros. Temas como el crimen organizado o la colusión de funcionarios con el narco no pueden abordarse por los riesgos que conllevan.

¿Cómo presumir libertad de expresión cuando esto ocurre?

Hablamos de 35 asesinatos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, de casi 800 agresiones contra periodistas entre julio de 2010 y diciembre de 2016 y de una impunidad que alcanza el 99.7% de los casos.

Un ejemplo: esta semana arrancó con el asalto a siete periodistas en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, cuando se dirigían a cubrir las incursiones militares en territorio de narcos. Un centenar de hombres armados los atacó y les robó todas sus pertenencias en plena carretera federal. No hay detenidos.

Matar a un periodista, robarle su equipo, agredirlo, dicen estos números y estas historias, no cuesta nada.

Pero no solo son crímenes. También hay que referirse a los casos de espionaje y despidos de reporteros o al cierre de medios por la presión que se ejerce desde el gobierno. O hay que mencionar el uso de la publicidad gubernamental –casi 1,000millones de dólares al año en todo el país– como premio o castigo por el periodismo que se hace.

¿Cuál derecho a la información?

Tuvieron que matar a Javier Valdez, periodista reconocido y muy respetado, clave para entender Sinaloa y número 35 de la lista de homicidios, para que hubiera un pronunciamiento oficial.

En la residencia oficial de Los Pinos, por fin el presidente habló del tema, aunque sus palabras sonaron a simples promesas, que debieron ser realidad desde el primer día de su gobierno y que contrastan con su actuación cotidiana.

Dijo, por ejemplo, que va a fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y le va a aumentar su presupuesto, aunque en los últimos cuatro años los números oficiales muestran que redujo los recursos a este rubro casi en un 50%.

Habló de un trabajo coordinado con los gobiernos estatales, pero esos mismos gobiernos están hoy encabezados por quienes han tolerado e incluso permitido que la violencia contra periodistas crezca y se quede sin sanción.

Difícil ser optimistas con este contexto.

Quizá es cierto que la falta de acciones eficaces para frenar las agresiones refleja el desprecio del gobierno federal y de los gobiernos estatales al trabajo que hacen estos periodistas.

Estos gobiernos saben que el trabajo cotidiano de reporteros y fotógrafos es el que ha documentado casos como la Casa Blanca de Peña Nieto, la casa en Malinalco del entonces secretario de Hacienda, la corrupción del gobernador veracruzano Javier Duarte, la complicidad del exgobernador de Tamaulipas con el narco, los casos de ejecuciones extrajudiciales o de tortura responsabilidad de soldados y policías, la violencia que no para, las promesas de campaña rota, los obscuros manejos presupuestales…

¿Por qué habrían de interesarse por los crímenes contra periodistas, si estos desnudan cada día corrupción, violencia e ineficiencia?

Pero no podemos aceptar el silencio ni resignarnos ante la indolencia gubernamental.
Hay que redoblar la exigencia para que no haya un muerto más y para que caigan los responsables de los crímenes contra periodistas. Y esta exigencia debe darse desde los medios y la sociedad civil, con la participación de organismos internacionales.

Sólo si hay resultados sabremos que finalmente vamos por buen camino.

No podemos permitir que el asesinato de Javier Valdez sea otro número en la larga lista de periodistas muertos por ejercer un derecho fundamental.
Fuente: Univisión
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