jueves, 26 de febrero de 2015

Denuncia un diario de Cristóbal López un episodio de censura indirecta

Cuando a ciertos sectores con poder les molesta la pluralidad de voces
Una forma de silenciar al periodismo independiente
La pauta publicitaria es una de las formas de coacción que tienen ciertos poderosos para influir en la opinión pública. Cuando no les gusta determinada información que sienten que conspira contra sus intereses, rápidamente incumplen acuerdos a sabiendas de que los perjudicados serán quienes tienen como profesión ilustrar a la ciudadanía sobre lo que influye en sus vidas, se trate de una cuestión política, económica o ambiental. En fin, contra su calidad de vida.
Es lo que está ocurriendo en estos momentos con Diario Patagónico, amenazado por uno de los protagonistas citado en las últimas horas por su participación en un acto que afectará a los chubutenses por varias décadas. Contrariado por lo publicado, tanto en la edición impresa como en la electrónica, el mismo decidió unívocamente terminar la relación comercial como forma de presión para influir en los contenidos de un medio que ha hecho de la libertad de expresión su principal bandera.
Basta con revisar las publicaciones de los últimos años para tener una idea de que no se ha callado nada. Si nuestros periodistas consideraron que determinada cuestión debía ser resaltada porque influía positiva o negativamente en la comunidad, así se lo indicó, en el espacio que se evaluó correspondía; en la página que se creyó oportuna y con el acompañamiento gráfico que se entendió permitiría una mejor lectura y/o comprensión de la información.
Es que este medio prioriza lo periodístico desde el primer día. Nunca se consulta al departamento de Publicidad si determinado personaje o empresa es un cliente con patente de corso. Así como tampoco un editor o jefe de Redacción veta temas u opiniones cuando las mismas cuentan con el fundamento debido y la honestidad intelectual que se requiere en este oficio.
Toda esta combinación nos llevó a ser un medio creíble en estos años agitados en los que proliferan las operaciones de prensa con oscuros intereses y cuando han irrumpido con todo su poderío las redes sociales que en nuestro caso se emplean como complemento del periodismo ejercido por periodistas; aquellos que salen a la calle; que conocen la ciudad por transitarla de norte a sur y de este a oeste; que apelan a las fuentes que corresponde cuando hay que dar cuenta de los acontecimientos; que no temen preguntar lo que está entrelíneas, como también lo obvio, que a veces es más complicado.
Sabemos que nos tocó este lugar en el mundo. Que de pueblo pasamos abruptamente a ciudad en los 47 años de vida que van desde nuestra primera edición. Que nos conocemos todos: los que nacieron acá y los que llegaron de afuera, allá lejos en el tiempo o más acá. Que todos tenemos las mejores de las intenciones. Hasta que demostremos lo contrario.
Porque Diario Patagónico no prejuzga. Tampoco juzga. Esa es tarea de los jueces. A nosotros nos tocó relatar nuestra verdad. Podremos equivocarnos a veces, pero nunca será por mala fe. Y si debemos rectificarnos, lo haremos. Como ocurrió más de una vez porque el que hace se equivoca; el que investiga puede desviarse del objetivo, lo cual no le ocurre por supuesto a los que esperan sentados que les traigan la información masticada y digerida.
En junio de 1982 este Diario fue sancionado por la dictadura y estuvo dos días sin salir a la calle. Fue por informar un acontecimiento de la guerra de Malvinas sin haber pasado previamente por el Comando a hacerles la venia a los censores. Entonces no nos doblegaron.
Hoy ya no se emplea la fuerza bruta para intimidar a quienes cuentan lo que pasa, sino que se apela a métodos más sutiles que no por ello dejan de ser perjudiciales. El ahogo financiero es una táctica de aquellos que no soportan la libertad cuando la misma los despeina o les borra la sonrisa ganadora, aunque sea por un instante.
En una ciudad que ha hecho del petróleo su principal fuente de ingresos conviven distintos actores con roles que a veces no son tan claros. Así como en los últimos años se puso en discusión en el país por dónde pasa el poder real y quiénes aceptan -o no- ser dóciles a la hora de decidir sobre el destino de millones de compatriotas, en esta región se replica algo similar con aquellos que permiten que les palmeen la espalda y los que nos rebelamos porque cuando decidimos dedicarnos al periodismo sabíamos que no nos íbamos a enriquecer materialmente. Pero también que la dignidad jamás sería moneda de cambio. Es que nunca nos interesó hacer un pacto con el diablo.

En un caso similar la Justicia falló que se amordazaba la libertad de expresión
En un caso similar al que afecta a Diario Patagónico, hace seis años la Justicia determinó que el Poder Ejecutivo Nacional discriminó a Editorial Perfil al negarle publicidad oficial en castigo por su línea editorial y ordenó que pautara en sus publicaciones.
El 10 de febrero de 2009, la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal estableció que el Poder Ejecutivo Nacional violó la libertad de expresión al excluir de la pauta oficial a publicaciones de la Editorial Perfil en castigo por no ser “afectas al gobierno de turno”. De ese modo, los magistrados revocaron un fallo de primera instancia y ordenaron al Estado colocar avisos oficiales en los medios de la editorial.
En su sentencia, la Cámara citó como fundamento varios de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el caso del diario Río Negro contra la provincia de Neuquén en noviembre de 2007. Así, sostuvo que el Estado no acreditó una causa justificada para la exclusión de publicidad oficial. “Nuestro más Alto Tribunal ha recordado que el Estado –si dispone la realización de publicidad de sus actos y de la concreción de sus proyectos- no puede asignar los recursos disponibles de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables”, dice la sentencia.
En este caso, los camaristas señalaron que el Estado se negó a contratar avisos oficiales con Perfil “por calificarla, al parecer, ‘de prensa amarilla’”, lo que constituye un tratamiento arbitrariamente desigual con otras publicaciones que supone “una evidente violación al principio de libertad de prensa”. “Lo que se examina aquí –dice el fallo- es una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno”.
El fallo de la Cámara ordenó al Estado Nacional que distribuya avisos oficiales en las distintas publicaciones de la editorial, respetando un “equilibrio razonable con aquellas de análogas características”.
En ese sentido, organismos como la Asociación por los Derechos Civiles consideran que es imperioso establecer reglas claras y precisas que regulen el manejo de la pauta oficial y llama a legislar sobre la materia. “La ausencia de normas claras favorece el sometimiento de los medios de comunicación al accionar completamente discrecional del Poder Ejecutivo, como ha ocurrido con Editorial Perfil”, plantea esa entidad.
También advierte que las presiones ejercidas mediante la distribución de la publicidad no sólo afectan el derecho a la libertad de expresión de los medios que resultan castigados por su línea editorial. También tienen fuertes efectos inhibitorios que impactan directamente sobre la calidad del debate público y vulneran el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos.
Fuente: El Patagónico

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