En una carta enviada ayer al ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, Botero señaló varias disposiciones en la ley que “podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en la materia”.
“Algunas de las obligaciones que impone la ley sobre los medios de comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes”, subrayó la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La relatora consideró que, al regular el ejercicio al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, “la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces”.
Según la Relatoría, esas “restricciones” parten de considerar que “el ejercicio de la libertad de expresión mediante cualquier medio de comunicación es un servicio público”, lo que lleva al Estado a asumir “facultades exorbitantes de regulación”.
“La Relatoría Especial considera de la mayor importancia que las autoridades revisen la normativa aprobada a la luz de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y modifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión de todas las personas en Ecuador”, indicó esa división de la CIDH en un comunicado.
En su carta, Botero expresó además su inquietud por la figura del “linchamiento mediático” y la posibilidad de que pueda aplicarse a “cualquier denuncia sostenida de corrupción” sobre un funcionario público, sin requerir evidencias de “falsedad de la noticia” o “negligencia” del comunicador.
La ley establece, entre otros aspectos, una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
El sector privado explotaba, al momento de aprobarse la ley, el 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
