martes, 27 de noviembre de 2012

Rechaza la Sociedad Interamericana de Prensa enjuiciamiento de periodistas argentinos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy la inclusión de seis periodistas argentinos en una demanda presentada por un grupo mediático por “incitación a la violencia”, que incluyó también a altos funcionarios del gobierno
El 22 de noviembre, el Grupo Clarín denunció penalmente ante la Justicia por “incitación a la violencia y coacción agravada” al ministro de Justicia, Julio Alak, al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al presidente de la autoridad de aplicación de la “ley de medios”, Martín Sabbatella.
Pero la denuncia también incluyó “como propagadores” de “incitación a la violencia” a seis periodistas afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
“El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del gobierno. Pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el Grupo Clarín aclaró que con la denuncia “no se busca imputar a periodista alguno” sino que “sólo serán testigos” para que, “de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados”.
En su demanda, el Grupo Clarín solicitó a la Justicia abrir una investigación para “acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva (art. 212 del Código Penal)”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, manifestó su satisfacción por la aclaración del Grupo Clarín en cuanto a que no busca imputar penalmente a los periodistas, pero destacó que, aun como “testigos”, éstos no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información en la Justicia.
La Declaración de Chapultepec establece que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente”, que “nadie puede restringir o negar estos derechos” y que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

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