domingo, 14 de octubre de 2012

Reeligen a Lorenzetti y dan una señal de unidad frente a la tensión entre el Gobierno y Clarín

Se resolvió en la última reunión de los integrantes del máximo tribunal. Mañana, los jueces recibirán a los miembros del Consejo de la Magistratura, en un intento por destrabar el conflicto que desató la puja entre el Gobierno y el Grupo Clarín
Por: Natalia Aguiar
En el punto más tenso del enfrentamiento judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín, los siete ministros de la Corte Suprema decidieron dar una señal de unidad y serenidad, y avalaron de manera unánime la reelección de Ricardo Lorenzetti como el presidente del máximo tribunal.
Por lo tanto, el magistrado asumirá a partir de enero de 2013 su tercer mandato. Será oficialmente anunciado en la próxima Conferencia Nacional de Jueces que realizará entre el 18 y 19 de octubre en la provincia de Mendoza bajo el lema “Responsabilidad y obligaciones de los jueces”.
Lorenzetti había deslizado su intención de dejar la presidencia en otras manos. Incluso lo repitió a sus colaboradores. Pero como en las mejores maniobras de cálculo político, el juez logró el efecto contrario.
De esa forma, los ministros Carmen Argibay, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, decidieron que la persona más apta para enfrentar los tiempos turbulentos que atraviesa la Justicia es Ricardo Lorenzetti.
“Se debatió y se pronosticó a cerca de las posibles coyunturas políticas y jurídicas en consideración al conflicto que enfrenta al Gobierno con el Grupo Clarín y con miras a las próximas elecciones legislativas del 2013 y las presidenciales del 2015”, expresó una fuente de la Corte Suprema al reconstruir la intimidad de la reunión.
Los jueces no dudaron en expresar su preocupación por el contexto político que sacude a la Justicia y cuestionaron algunas actitudes del Poder Ejecutivo, en lo que fue una charla informal en el último Acuerdo en la que decidieron construir un “dique de contención” frente a las turbulencias.
También se notó la preocupación de Eugenio Zaffaroni, quien supo tener posturas cercanas al oficialismo, al advertir sobre “desprolijidades”del Ejecutivo.
El epicentro de las tensiones se focalizó en los últimos días en el Consejo de la Magistratura . El bloque opositor se resiste a avalar los candidatos a jueces que impulsa el Gobierno para ocupar el juzgado que debe decidir el futuro del Grupo Clarín.
Allí, la oposición intenta que el concurso vuelva a la comisión de selección para su revisión y análisis.
El oficialismo, en cambio, quiere avanzar con sus postulantes y evita desde hace dos semanas dar quorum al plenario.
En una medida previa a su nuevo mandato, Lorenzetti decidió intervenir para intentar destrabar el conflicto judicial de la magistratura y llamó a una reunión de urgencia programada para mañana a las 17 y a la que convocó al consejero Ricardo Recondo, con quien ya se reunió el pasado jueves a solas luego del segundo intento fallido en el Consejo.
Lorenzetti también convocó a los jueces Mario Fera, camarista laboral y al juez federal Alejandro Sanchez Freytes, ambos alineados con el oficialismo y a Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura.
El objetivo del encuentro será lograr un acuerdo e intentar que el oficialismo acepte la posibilidad de “enviar el concurso 258”, una maniobra que ya es resistida por Cristina Fernández de Kirchner.
Las partes están cerradas al diálogo. Es el oficialismo quien ya ha intentado “cooptar “ a la minoría de consejeros de todas las formas posibles legales e ilegales, dicidió ir a fondo.
En Tribunales evalúan que hasta ahora el único privilegiado de esta contienda es Clarín, ya que de esta manera, con renuncias y recusaciones de jueces, dilaciones y estrategias fallidas, ha ganado tiempo, ha recuperado fuerzas e incluso su defensa legal podrá oponer el pedido de prórroga de la medida cautelar lo que dilatará aún más el conflicto.
En tanto, cualquiera sea la resolución legal del juez interviniente la cuestión será llevada por medio de un recurso federal ante el Máximo Tribunal. No debe descartarse la intervención de instancias internacionales. Los escenarios son múltiples.
CFK convocó a los consejeros y pidió no retroceder
Cristina Fernández de Kirchner convocó el viernes a la noche a los consejeros oficialistas de la Magistratura, para trazar una estrategia para cubrir el juzgado número 1, que tiene a su cargo la causa del Grupo Clarín. Hubo intentos frustrados por elevar una terna con candidatos del Poder Ejecutivo, y el que quedó como subrogante, Roberto Torti, será recusado por el Gobierno.
El juzgado estaba a cargo de Edmundo Carbone, que se jubiló. Lo reemplazó Raúl Tettamanti, quien presionado por el oficialismo también se apartó. Según dijeron a PERFIL fuentes judiciales, en la Quinta de Olivos estuvieron Hernán Ordiales, Marcelo Fuentes, Carlos “Cuto” Moreno, Stella Maris Córdoba, Aída Iturraspe, Manuel Urriza, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes. Algunas fuentes dicen que en el encuentro estuvo presente el ministro Julio Alak, quien ofreció dos conferencias de prensa en las últimas dos semanas, atacando al Grupo Clarín. El Gobierno no logra reunir el quórum en la Magistratura para imponer la terna, que está encabezada por María Lorena Gagliardi. La oposición sostiene que son magistrados adictos al Gobierno. De hecho, Gagliardi trabaja en el ex Onabe.
El argumento del Ejecutivo es que Clarín quiere poner a un juez afín a sus intereses.
De hecho, piensa recusar a Torti porque, según dice, falló a favor de Fibertel, una de las empresas del Grupo de Ernestina Herrera de Noble. El multimedios tiene el mismo argumento a la inversa: que el Ejecutivo quiere un magistrado adicto para que falle en contra de la empresa.

Ricardo Recondo
"La postulante Gagliardi viene a desguazar a Clarín"
Uno de los líderes de la oposición en la Magistratura, critica a la candidata oficial para ser jueza en la causa contra el multimedio
Por: Natalia Aguiar
Ricardo Recondo es a quien el oficialismo ha tirado toda su artillería en el Consejo de la Magistratura. Es consejero y camarista del Fuero Civil y Comercial Federal, a quien denunciaron en el último intento fallido del plenario de “liderar el nombramiento de jueces para beneficiar a grupos fácticos de poder y generar un bloque al orden constitucional en la designación de jueces”.
Recondo, quien fue subsecretario de Justicia del ex presidente Ricardo Alfonsín, ingresó en el Poder Judicial en 1984, fue camarista federal hasta 1986, luego se abocó al ejercicio de la profesión de abogado, y regresó en 2002 para ocupar el mismo cargo en la Cámara, padre de seis hijos y ex presidente de la Asociación de Magistrados.
¿Por qué cree que lo atacan?
Mire mi lucha y la de los otros cuatro consejeros, los abogados, y los radicales, se sustenta en la selección de jueces idóneos, necesitamos garantizar justicia a la sociedad, no podemos tener jueces designados a dedo.
Pero lo señalan como el “líder de una banda para nombrar jueces que favorecen grupos de poder”...
Esto es una cuestión política y yo tengo cintura, qué me pueden sacar, yo ya he pasado por tantas. Los gobiernos pasan y los jueces quedan. Como juez he visto pasar gobiernos y cuando se está en el poder se quiere nombrar y tener jueces amigos y no se dan cuenta que esos jueces no son amigos del Gobierno, son amigos del poder y después cuando el poder de ellos cesa, ese juez es el que los va a perseguir. Porque para el juez hay tres independencias. Primero, la independencia a las cuestiones externas al Poder Judicial, que puede ser el poder político, el poder empresarial, mediático o económico. Tenemos que ser independientes dentro del propio Poder Judicial. Una jurisprudencia uniformada y que todos digan amén a una línea es malo. La tercera independencia es la del juez frente a sí mismo.
Ustedes denuncian irregularidades en el concurso 258, pero el oficialismo retruca y sostiene que se niegan a los candidatos cuestionados por su afiliación política.
El tema es que yo no vine a un tribunal a sacar un expediente, yo vine a un tribunal a hacerme cargo del tribunal como debe hacer un juez. En cambio, la postulante Gagliardi, y por eso me opongo, viene a desguazar a Clarín. Esto significa que esta persona no reúne las condiciones de objetividad, de imparcialidad e independencia porque venía a sacar un expediente. Esta irregularidad o denuncia de esta chica nos asustó muchísimo porque nos hizo ver que este concurso estaba con algunos concursantes viciados y estaban tratando de nombrar más que un juez un delegado del Poder Ejecutivo en una causa determinada.
¿Funciona bien hoy la Magistratura?
Queremos nombrar jueces honestos y decentes y expulsar a los que no lo son. Y ha funcionado al revés, el Gobierno y esos jueces pasan a ser delegados del Poder Ejecutivo en la Justicia.
¿Cree que el Gobierno busca nombrar un juez para derrocar a Clarín?
Desde ya. Yo quiero que haya jueces independientes resolviendo todas las cuestiones. Si el juez resuelve de una manera, luego está la Cámara y después está la Corte Suprema.
Lo tildan de “clarinista”.
Sí, porque ellos no ven más que el blanco o el negro.
¿Usted tiene relación con el Grupo Clarin?
No, pero van a a decir que soy accionista del Grupo Clarín. Me interesa que no se coarte la libertad de prensa.
¿Hay intromisión del Ejecutivo en el Judicial con la postura de Alak o con los dichos de CFK pidiendo por un juez en la causa Clarín?
Sí. Y además Alak vino a la sede de la Magistratura. Es prácticamente coaccionar al juez diciendo que no vaya a sacar un fallo a favor de Clarín. Realmente esto es una invasión insólita.
¿No está dentro de sus facultades?
No, al contrario, lo que tiene que hacer es respetar los poderes del Estado. Esta es la manera de actuar de este Gobierno, avasalla todo el que piense distinto y no respeta a un poder que tiene que ser independiente como es el Poder Judicial.
¿No cree que si bien Clarín se ha convertido en el defensor de la libertad de expresión por otro lado, no defiende los derechos laborales, sus empleados no tienen representación gremial, tienen intereses como toda empresa?
Mire los jueces consideramos que hasta la persona más perversa, tiene derechos, nos tratamos de sacar ese prejuicio. Por ejemplo, una persona con antecedentes penales quizás tiene razón en un expediente. Eso es lo difícil.
La magistratura está detenida con la causa Clarín, hay vacantes en el fuero laboral, concursos en trámite y está todo abocado a la causa Clarín. ¿Eso no es responsabilidad de todos los consejeros?
Sí ni lo dude.
La crítica es por nombrar jueces jubilados como Tettamanti.
Nombramos jueces jubilados porque el Ejecutivo no avanza con la Ley de Subrogancias y la Magistratura está digitada por el oficialismo.
¿Se reunió el jueves pasado con Lorenzetti?
Sí, él es un amigo personal y nos juntamos a hablar de cuestiones personales y por supuesto de esto que está sucediendo en la Magistratura y el atropello al Poder Judicial.

Dos ejércitos de operadores chocan en Tribunales
Por: Gabriel Ziblat
La puesta en escena muestra al Gobierno y al Grupo Clarín enfrentándose en una batalla que ya tiene varios frentes judiciales abiertos. Sin embargo, por los pasillos de los tribunales, detrás de las bambalinas, hay una lista de soldados de ambos bandos que se encargan de llevar adelante las estrategias judiciales de sus jefes.
El multimedios tuvo que contratar los servicios de, por lo menos, cinco estudios de abogados en los últimos tiempos. Son letrados con una vasta experiencia y un acabado conocimiento del funcionamiento de la Justicia. En el caso contra Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de sus hijos durante la última dictadura trabajaron los estudios del ex juez Gabriel Cavallo y de Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE. Para defenderse de las acusaciones sobre la adquisición de Papel Prensa se buscaron los servicios de Hugo Wortman Jofré.
Y para el caso en boga, referido a la Ley de Medios, Clarín contrató al estudio Sáenz Valiente y Asociados y a Felipe Llerena. En una primera instancia, al presentar la medida cautelar, también contó con el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni, que suele ser una voz de consulta del Grupo.
En este último tema, la defensa del Grupo confía en que el expediente que trata la inconstitucionalidad del artículo que lo obliga vender licencias se resuelva a su favor.
Sin embargo, en caso de que la sentencia no llegue, planean pedir una prórroga de la cautelar, aduciendo que la culpa de la demora es del Estado nacional.
Por el lado del Gobierno, en tanto, hay diferentes espadas que se encargan de buscar la manera de cumplir con los designios de la Presidenta. Julio Alak, el ministro de Justicia, es la cara más visible, y quedó en evidencia estas semanas en las que presionó mediáticamente al juez subrogante del juzgado que debe expedirse sobre la Ley de Medios. Con su presencia, además, respaldó lo actuado por los representantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura, que tienen como uno de sus principales referentes al diputado Carlos “cuto” Moreno.
Sin tanta exposición pública, pero con injerencia también en los avatares judiciales, se destacan los nombres del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; del secretario de Justicia, Julián Alvarez; y del auditor general de la Nación, Javier Fernández. Todos con línea directa a CFK.

La guerra contra Clarín tiñe el balance de la Ley de Medios
Se destacan los logros en materia de producción audiovisual. Pero advierten sobre la falta de transparencia y la arbitrariedad
Por: Mariano Confalonieri
A tres años de su aprobación, el balance de la aplicación de la Ley de Medios muestra profundos claroscuros. La inclusión y la producción de contenidos locales es su mayor logro. Su principal falencia: el Gobierno la usa obsesivamente para esmerilar al Grupo Clarín y prácticamente no se ocupa de otras cosas. Al momento de evaluar los logros, desde la Casa Rosada aseguran que se reservaron 1150 frecuencias de radio para municipios, se otorgaron 200 licencias de radio a empresarios y hay otras 600 en proceso de licitación. A tres años de su sanción, hay 24 emisoras en manos de las comunidades aborígenes y cincuenta licencias de cable controladas por cooperativas. Pero lo más destacado –hasta por los opositores– es la producción de contenido audiovisual.
“Hasta el 2009, el 85 por ciento de los contenidos locales los hacían Telefe y Canal 13. Con la ley eso cambió”, contó a Perfil un funcionario del Gobierno. Se produjeron 42 miniseries con dinero estatal que están en el Banco de Contenidos (Bacua).
“Lo más interesante de la ley fue la inclusión a universidades, municipios y organizaciones al espacio audiovisual. Sin embargo, la ley contempla las mismas exigencias para grandes empresarios que para organizaciones sin fines de lucro”, explicó a este diario Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de la Alianza. Otro punto negativo es que hasta ahora no se conformó la comisión bicameral de seguimiento de la ley, que tiene que sumar a la oposición.
“No se dieron a conocer los datos del censo, que arrojó que hay 12 mil propietarios de licencias y nadie sabe quiénes son”, agregó en diálogo con este diario Silvana Giúdici, ex diputada radical.
“¿No estaremos regulando algo que ya es viejo? Cuando se aprobó la ley la televisión digital, por ejemplo, no existía. Y el futuro viene por internet.
En ese sentido, a nivel regional los mayores compradores de contenidos son Telefónica y Telmex. A ellos, la Ley de Medios no los toca”, precisó Aguiar.

El Gobierno aumenta un 38 por ciento el gasto en medios
Por: Gabriel Ziblat
El gasto que el gobierno de Cristina Kirchner destinará a cuestiones vinculadas a los medios alcanzará este año la suma de 7.743 millones de pesos. Esa cifra, que surge del análisis del proyecto de Presupuesto 2013, representa un aumento del 33,5 por ciento comparando con el presupuesto que se había fijado para el año en curso.
El análisis reúne diferentes aspectos de los que hace uso el kirchnerismo para desarrollar su estrategia mediática, desde partidas destinadas directamente a la difusión de los actos de Gobierno hasta la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta, pasando por el Fútbol para Todos o las partidas para el funcionamiento del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual).
Para algunos opositores, todas estas partidas, en mayor o menor medida, están destinadas a sostener la difusión del tan mentado relato. Para los kirchneristas, en cambio, es el esfuerzo que se debe realizar para hacer frente a lo que Cristina denominó como “la cadena nacional del desánimo”.
Distintos ítems del Presupuesto 2013 distribuyen los recursos que el Gobierno utilizará para hacer publicidad de los actos de gestión. La partida “oficial” es la que está bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación Pública, que funciona en la Jefatura de Gabinete. Para 2013 tendrá, de no mediar modificaciones presupuestarias, 753 millones de pesos.
Sin embargo, la ley de leyes esconde fondos con el mismo fin en otras dependencias. En la ANSES, por ejemplo, hay 483 millones de pesos reservados para utilizarlos en “Publicidad y propaganda”. Pero en la reseña de las tareas que realizará la Anses no se hace referencia a la difusión como uno de sus objetivos.
El Fútbol para Todos, que en los hechos funciona como una tribuna proselitista para el Gobierno, también verá crecer exponencialmente sus recursos. Tendrá 1.201 millones de pesos, un 72 por ciento más que lo presupuestado para 2012.
La agencia estatal TelAm, además de funcionar como un portal de noticias afines al kirchnerismo, también es utilizado para pagar pauta publicitaria del Gobierno. En el Presupuesto no aparecen desagregados los recursos que recibe: figura en la jurisdicción “Obligaciones a cargo del Tesoro”
Allí se destinan 3.300 millones de pesos para las empresas públicas del sector, que incluyen, además de TelAm, a Radio y Televisión Argentina SE, y a radios y canales de universidades.
Una de las partidas que más aumenta es la de “Acciones para la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta”, que crecerá 138% para llegar a 268 millones.
Se trata de un sistema que por ahora solamente está transmitiendo señales de grupos afines al Gobierno.
Fuente: Diario Perfil

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