El Poder Judicial quedó una vez más en el tope de la agenda política por la polémica originada en torno de la designación del magistrado que deberá asumir en el Juzgado Civil y Comercial Federal Número Uno, donde tramita el Artículo 161 de la nueva ley de medios.
Las críticas y denuncias que con mayor o menor frecuencia se lanzan desde diversos espacios sociales y políticos, pero también desde el Gobierno Nacional y no pocos sectores de la oposición, al funcionamiento de la Justicia alimentan una discusión que tuvo su discurso inaugural con el regreso de la democracia y que tomó nuevo impulso, tras la década menemista, con la decisión del kirchnerismo de renovar la Corte Suprema de Justicia. El impulso no siempre fue exitoso. Sin embargo, alcanzó –aunque no siempre con el mismo grado de profundidad– diversos espacios de la institución. Desde entonces, “corporación” y “familia” son términos que se instalaron con fuerza y suelen acompañar la palabra “judicial” para describir la dinámica de un espacio clave. ¿Qué significado adquieren esos términos en el contexto del debate actual? Con el objetivo de realizar una aproximación, Miradas al Sur consultó a dos destacados abogados que, además, tienen actuación académica: el constitucionalista Eduardo Barcesat y el especialista en derecho comercial Ricardo Nissen.Sociedad insatisfecha. “Trazar una línea demarcatoria para separar el tejido de la política del tejido judiciable no existe. En todo caso, dejar habilitada la resolución de los conflictos por la vía judicial debiera ser el camino más civilizado. El problema es que tenemos una Justicia que no satisface, y no satisface porque, mayoritariamente, el Poder Judicial es el mismo que integró el aparato de Estado durante la dictadura cívico-militar”, señala Barcesat.
Su aproximación subraya la decisión adoptada con el regreso de la democracia de darles continuidad a los jueces que juraron las actas de la dictadura cívico-militar. “En aquella ocasión, lo único que se cambió fue la integración de la Corte Suprema, de la Cámara Federal y se reemplazó algunos jueces. Era previsible que cuando se insinuara un cambio en el signo de la política que significara un nuevo proyecto de país, iban a surgir problemas”, explica Barcesat. La interpretación advierte que la actual integración del Poder Judicial nacional, al igual que los provinciales, evidencia los reflejos de clase de sectores que dominaron la historia nacional, tanto en democracia como en dictadura.
Tal vez, una de las expresiones más acabadas de estos reflejos sea la frase de Ricardo Recondo, integrante de la Cámara Civil y Comercial Federal y representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, cuando manifestó que la dictadura había sido más respetuosa de la independencia de los magistrados que el kirchenrismo. “Ahí está expresada la ideología de esta corporación. Sus integrantes tienen una formación política y doctrinaria que no está alineada con las exigencias de la Constitución”, agrega Barcesat.
Las falencias suelen expresarse cuando los jueces responden a las exigencias de las corporaciones. “Los grandes estudios se caracterizan por hacer lobby. Obviamente, existen fueros en los que carecen de esa posibilidad. Pero ante otros tribunales, la permanente visita de sus abogados a los despachos de los jueces es moneda corriente. Muchos magistrados, luego de retirarse, continúan su actividad como abogados en esos estudios”, apunta Nissen. El amparo conseguido por el Grupo Clarín para evitar la aplicación plena de la ley de medios sería un ejemplo de esa dinámica.
Una lectura política. En este punto, la postura hace necesaria una lectura política de los fallos: la defensa de los intereses de clase o grupo se transparenta en las resoluciones judiciales. ¿Proximidad ideológica? ¿Lazos de parentesco? “Hay de todo un poco –responde Nissen–. En general, se trata de afinidad ideológica. El caso de Papel Prensa es paradigmático. De cualquier forma, es necesario dejar en claro que hay una nueva generación de jueces que es refractaria a esas prácticas.”
Para Barcesat, “aún hoy subsiste la corporación que prestó servicios a los usurpadores del poder político y responde a los intereses corporativos”. El encubrimiento y el reparto de cargos serían las causas de esa permanencia. “Lo que maneja el Consejo de la Magistratura es mínimo en relación con la cantidad de juzgados. Lo que les llega son las vacantes, lo que se va decantando por renuncias o jubilaciones. Tenemos un recambio por goteo”, puntualiza Barcesat.
La visión de Nissen es un poco más optimista. Afirma que se avanzó mucho en los mecanismos de designación y destitución: “No obstante, existe una defensa de los intereses corporativos en el Consejo de la Magistratura que conspira contra la eficacia”, agrega el especialista. Su análisis subraya un punto resistido por los jueces: las evaluaciones periódicas. “Los funcionarios judiciales se niegan a debatir y, generalmente, no concurren a cursos de especialización. Esto conspira contra la calidad de sus sentencias. Es fundamental instaurar evaluaciones periódicas”, afirma Nissen.
El ex titular de la Inspección General de Justicia va más lejos: “Es imposible disimular la preferencia que algunas salas de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial exhiben en torno de la actuación de algunos grupos empresarios, a las cuales han absuelto ante muy fundadas denuncias de haber aprovechado los acuerdos preventivos extrajudiciales para licuar pasivos, provocando daños a terceros y abusando concretamente del proceso concursal en su propio beneficio”. El caso más notorio fue la homologación del concurso preventivo de Comercial del Plata, del Grupo Soldati, que la Corte Suprema dejó sin efecto luego de un duro dictamen de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó.
Reflejos heredados. ¿Pueden el Derecho, y los jueces a través del día a día, abrir cauces a transformaciones sociales y políticas? Al decir de Barcesat y Nissen pueden, pero la dinámica interna de la institución conspira contra la posibilidad. “Las vacantes se cubren, en general, con los mismos funcionarios que se formaron en la matriz que sirvió a la dictadura y a los grupos dominantes. Resuelven conforme entienden, y ese entendimiento es según los reflejos heredados”, enfatiza Barcesat.
“La Justicia nacional presenta una característica lamentable que se traduce en lo que se conoce como la familia judicial. Esto es así porque la única vía de acceso a la denominada carrera judicial es a través de relaciones de amistad o parentesco. No hay concursos. Cualquier reforma que se realice carecerá de éxito si no se democratiza el acceso. Muchos abogados jóvenes, con excelente promedios y vocación, se quedan afuera porque no son hijos o conocidos de jueces”, dice Nissen.
Algunas conclusiones. Los análisis de Nissen y Barcesat son coincidentes al señalar que las posiciones conservadoras resisten en muchos fueros. Para el primero, “en términos generales, hoy por hoy, la Justicia no cumple con las expectativas de las sociedad, ya sea porque se desconfía de la imparcialidad de los jueces, porque existe una sospecha generalizada de corrupción o, simplemente, porque es tan lenta que nunca llega a tiempo”.
“La familia judicial resiste en todos los fueros –agrega Barcesat–. No creo que se pueda distinguir. Cada uno tiene sus características. Hay mecanismos torvos. Se aprovechan filones. El caso de los reajustes, sea de salarios o jubilaciones, es un ejemplo. El Derecho puede ser transformador. Puede anticipar el futuro, siempre que haya quienes sepan sobre el uso alternativo del Derecho y representen otros bloques de intereses que no sean los hegemónicos, que son los que han perduraron en la Justicia a contramano del mandato de los ciudadanos, que se expresa mediante el voto”, concluye Barcesat.
“Es necesaria una nueva movilización”
Por: Gabriel Bencivengo
Todavía existen sectores que quieren una democracia tutelada. Para estos sectores hay democracia y estado de derecho en la medida en que no se afecten sus intereses”, señala el senador neuquino por el Frente para la Victoria e integrante del Consejo de la Magistratura Marcelo Fuentes. Su visión subraya que esa tutela se expresaba en el pasado mediante los golpes de Estado. “Ahora, recurren a condicionamientos que se expresan a través de mecanismos mediáticos. Cada vez que hay un avance de los sectores populares, estos poderes fácticos se repliegan. Una de sus principales trincheras es la corporación judicial”, dice Fuentes. ¿Qué se juega entonces en el conflicto planteado en el Consejo de la Magistratura por la designación del futuro titular del Juzgado Civil y Comercial Federal 1? “Lo del Consejo es un aspecto parcial de un conflicto central. No es un conflicto entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, ni tiene que ver con la libertad de prensa. Lo que está en juego es un conflicto entre el estado de derecho y un poder fáctico. El estado de derecho implica que todos deben someterse a las leyes.
El multimedios no quiere hacerlo”, señala FuentesEntrevista. Marcelo Fuentes. Senador (FpV)
Los abogados del grupo sostienen que la desinversión afecta el derecho de propiedad.
En todo el mundo hay jurisprudencia que afirma que poner límites a los monopolios no afecta el derecho de propiedad. Mucho menos el derecho a la libertad de expresión. Son planteos absurdos.
¿Cómo se expresa ese poder fáctico del que usted habla?
Manipulando a la Justicia.
¿Un ejemplo?
En el caso del Grupo Clarín, entre otras cosas, con la elección del fuero. El Civil y Comercial está preparado para recibir y solucionar diferendos entre particulares. No una cuestión entre un grupo económico y el Estado. El fuero natural para este tipo de conflicto es el Contencioso Administrativo Federal. Algo tan básico como esto fue dejado de lado por la corporación judicial. También se expresó en la elección del juez subrogante Edmundo Carbone, que otorgó la cautelar que frenó la desinversión. También en la elección de Raúl Tettamanti.
Tettamenti renunció alegando violencia moral…
Pensamos que su renuncia cerraba esta etapa, pero la pretensión del Grupo Clarín para que no haya un juez natural no tiene límites. Ahora, resulta que la Cámara inventa un mecanismo para rotar a los subrogantes y dicen que cuando los expedientes estén listos para sentencia deben ser remitidos a la Cámara para un nuevo sorteo. Esto no tiene antecedentes.
¿Todos los expedientes, incluida la presentación del Grupo Clarín…?
Exacto. Ningún juez está en condiciones de dictar sentencia en una semana en un expediente que tiene trece cuerpos. Me hace acordar a la novela Crimen en el Expreso de Oriente. Cada uno de los responsables del asesinato le da una puñalada a la víctima de forma tal que ninguno en particular lo mata.
Usted es muy crítico con dos de los consejeros. El juez Ricardo Recondo y el diputado Oscar Aguad.
Durante los dos años y medio que duró el concurso nunca objetaron a la candidata María Lorena Gagliardi. Ahora, resulta que pretenden voltear todo el proceso porque Gagliardi, que es una de los ochos candidatos, fue funcionaria. El propio consejero Recondo fue secretario de Justicia de Alfonsín. Es la estrategia del tero. Intentaron poner a Tettamanti para que resolviera a la medida del Grupo Clarín y, al mismo tiempo, arman una cortina de humo denunciando que el Ejecutivo quiere nombrar un juez adicto. Aguad recibió un mandato y lo cumple.
Dejendo de lado las cuestiones técnicas, ¿qué análisis hace desde el punto de vista político?
La sentencia estaba redactada. Estaban esperando un triunfo electoral para avanzar…
¿Cómo es eso?
Pongamos en contexto la cuestión. Los destinos de los pueblos latinoamericanos están vinculados. Una elección en un país influye muchísimo en el resto cuando se discute es el modelo regional. La elección presidencial en Venezuela tenía una importancia muy grande….
Lo dice por el viaje a Venezuela de los consejeros Alejandro Fargosi y Aguad.
Sí. Viajaron invitados por Capriles. Si Capriles ganaba le ponían la firma a la sentencia y al día siguiente teníamos un cacerolazo para pedir la renuncia de la Presidenta. Por eso digo que la sentencia estaba redactada.
El resultado de la elección demostraría los límites de ese poder fáctico.
Un triunfo de Capriles habría facilitado el retroceso de lo que para ellos es la dictadura kirchnerista.El circo que montaron los condiciona.
Miremos hacia adelante...
Para sancionar la ley se necesitó un proceso de toma de conciencia y la movilización de amplios sectores. Para poder aplicarla es necesaria una nueva movilización, una nueva toma de conciencia. Todo el mundo está esperando la plena aplicación. En el camino, muchos bajaron la guardia. Hay que demostrarle a la Justicia que la maniobra no será tan sencilla y que, aun cuando tenga éxito, será con un alto costo político.
Hablemos del 7 de diciembre…
Marcará el fin del cepo que impide la plena aplicación de la ley. A partir de esa fecha, el Estado deberá dar de baja las licencias excedentes, sean las del Grupo Clarín o cualquier otro.
Desde muchos ámbitos se plantea el tema de la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo analiza la cuestión?
Hay que hacer un poco de historia. Luego de una feroz dictadura, el gobierno de Alfonsín fue un gobierno condicionado. Los dos partidos mayoritarios les dieron continuidad a los jueces. No es casual que esos jueces sean los que se prestan a las maniobras de los poderes fácticos.
Se diría que la renovación llega por goteo, más que por el impulso que pueda imprimirle el poder político.
La naturaleza del Poder Judicial es casi endogámica. Además, está el funcionamiento corporativo, que incluye a muchos jueces, pero también a los grandes estudios jurídicos. El problema es muy serio.
Buena parte de los integrantes de los colegios profesionales señalan la necesidad de una Justicia independiente del poder político.
Y está bien que así sea. Lo que llama la atención es que nunca hablan de la necesidad de darle independencia del poder económico.
En los últimos años se impuso lo que se conoce como “judicialización de la política”. ¿De quién es la responsabilidad?
De la clase política. La democracia supone roles y su calidad depende de cómo se desarrollan esos roles. Si la oposición carece de la capacidad para generar programas de gobierno se trasforma en una banda de cuentapropistas que pugna por ganar espacios en el multimedios. La Justicia se ha convertido en la prolongación de la política por otros medios. Recuerde que el primer cuestionamiento a la ley de medios provino de un diputado.
El diputado Enrique Thomas...
Lo que procuro rescatar es el mecanismo. Dieron un debate en el Congreso, lo perdieron y fueron a la Justicia. Si usted participa, discute, vota y pierde, pero luego recurre a la Justicia, es usted mismo el que deteriora la calidad de la política. La única limitación es el voto popular.
¿Qué opinión le merece el desempeño de la Corte Suprema?
Tiene como un doble tiempo. Responde con acertada celeridad en el caso del aborto no punible, pero se detiene a observar durante tres años la maniobra dilatoria del Grupo Clarín. No siempre es necesaria una sentencia. Muchas veces basta con la opinión de un magistrado de peso para ir corrigiendo conductas impropias. Entiendo que sus integrantes deben estar muy atentos y preocupados por el desquicio que produce la Cámara que integra el juez Recondo.
¿Cree que la Justicia debe hacer una autocrítica por lo actuado durante la dictadura?
Es una corporación complicada. Le debe a la sociedad las mismas respuestas que la Iglesia. Recién ahora han comenzado algunos juicios contra funcionarios o ex funcionarios judiciales cómplices de la dictadura. Los poderes concentrados que utilizaron a discreción a los militares, cuando los tuvieron que entregar los entregaron. A los que no entregan son a sus propios integrantes. Lo que no soporta la historia es lo ahistórico. La corporación judicial podrá retener algunos privilegios, podrá seguir haciendo lo que hace, pero tarde o temprano el proceso de renovación la va a alcanzar. Es lo que la sociedad exige.
El escenario después del 7/D
La Resolución 297 de la AFSCA establece cuáles son los mecanismos y sanciones para aplicarle la ley de medios a los grupos empresarios que no se adecúen voluntariamente. El Estado puede tasar las licencias, buscar oferentes y, finalmente, vendérselas a otro titular
El 7 de diciembre está cada vez más cerca y el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha reactivado con una intensidad similar a la que tuvo durante la segunda mitad de 2009, cuando se discutió en el Parlamento. Ahora no se trata de la aprobación de la norma, sino de su aplicación plena. Claro que la disputa se libra más en el plano judicial que en el político. Es un territorio engorroso, complejo para la mayoría de la sociedad. Es la zona en la que el Grupo Clarín apostó a fortalecer su estrategia, ganar tiempo esperando que surja un nuevo escenario político que le permita conservar su posición actual. Este plan recibió un revés relativamente importante con el fallo que realizó la Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo pasado, porque allí la Corte le puso un límite a la medida cautelar con la que el Grupo logró esquivar la ley durante tres años. Ese límite, se sabe, es el 7 de diciembre, el 7/D.El fallo de los supremos abrió dos interpretaciones. La del Gobierno Nacional es que el 7 de diciembre ya está cumplido el plazo que la norma contempla para que los grupos mediáticos que tienen más licencias de las permitidas se adapten. La otra interpretación, la de Clarín, es que ese día recién comienza el período de un año previsto por la ley para adaptarse. En la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, AFSCA, apuestan a llegar al 7/D con los procesos de adaptación avanzados, excepto en el caso de Clarín que no reconoce a la Autoridad Federal. Este escenario ha creado un sinfín de especulaciones sobre lo que puede pasar a partir del 7 de diciembre. En las próximas líneas, el escenario posible.
Hoja de ruta. Otro 7, el de septiembre del año 2010, la AFSCA, que en ese momento lideraba Gabriel Mariotto, emitió la Resolución 297/2010. Esta norma fue prorrogada en septiembre de 2011 y reafirmada a mediados de este año. Brinda, justamente, el marco legal sobre cómo actuará el Estado con los titulares que infringen la ley de medios. Explica todo el proceso, paso por paso.
En el Capítulo I del Anexo I aparecen los rasgos de la adecuación voluntaria. “Los titulares de licencias de servicios y registros contemplados en la norma deberán presentar en un plazo de 30 días”, a partir de la publicación de esta normativa, “la propuesta de adecuación”. Este proceso es el que de hecho se está produciendo en estos días, con las reuniones que el flamante titular del AFSCA, Martín Sabbatella, ha mantenido con distintos grupos de medios que de algún modo infringen la ley. El plan que presenten los grupos será analizado por la Autoridad Federal, quien luego decidirá si lo autoriza. Uno de los criterios centrales que se aplicarán es que la propuesta de adecuación no puede tener un impacto contradictorio con el espíritu de la norma. Por ejemplo: si un licenciatario debe desprenderse de una señal, no debería transferirsela a otro que esté infringiendo lo permitido por la ley o que lo haga a partir de la nueva adquisición.
Hay algo que es importante aclarar antes de seguir. La Resolución 297 fue presentada en el año 2010. Alguien podría preguntarse por qué hasta ahora no se le aplicó a los grupos que no tenían una medida cautelar en la Justicia. La respuesta que da el Gobierno es que el espíritu de la ley de medios es desmonopolizar. Por ende, si el Estado obligaba a adaptarse a los grupos que podríamos denominar “medianos”, y no al grande, el efecto que se produciría sería exactamente el inverso al espíritu de la norma. Quien tiene la posición dominante –Clarín– se hubiera vuelto más fuerte en comparación con los demás.
Si un grupo no hace la adecuación voluntaria, la Resolución establece que la AFSCA podrá, primero, “constatar de oficio la efectiva adecuación de las disposiciones de la ley en los términos establecidos en el artículo 161”. (Se sabe: ese artículo es el que pone límite a la cantidad de licencias que puede tener cada titular y también el no ha podido aplicarse por la cautelar de Clarín.) Una vez que se detectase el incumplimiento a la ley, la Autoridad “notificará al titular y lo intimará para que en un plazo de 30 días presente una propuesta de adecuación”. Si el titular no lo presenta en ese lapso “habilitará en forma automática a la AFSCA para dictar el acto administrativo a través del cual se declarará el incumplimiento”. El siguiente paso sería que “la Autoridad deberá publicar el mismo y su correspondiente sanción en el Boletín Oficial de la República Argentina”. Esta medida, en concreto, es la formalización del carácter ilegal de quien no cumple con la norma y no presentó un plan de adecuación. ¿Será esto lo que sucederá los primeros días de diciembre? Todo depende de cómo se interprete el hecho de que Clarín no esté presentando un plan ahora. Quizás lo que pasa luego del 7/D es que se le exige al Grupo un plan en 30 días y luego viene el resto del proceso, siempre y cuando no inventen una nueva artimaña judicial.
A vender. El capítulo III de la 297 va al punto más incómodo, que por supuesto no tiene que ver con la libertad de expresión sino con algo que al Grupo le importa bastante más: la propiedad. Este capítulo es la hoja de ruta para lograr la aplicación del 161. Se titula: “Adecuación por transferencia”. O, dicho de otro modo: cómo se pueden pasar de un titular al otro las licencias y señales.
El punto A del capítulo describe las características de la transferencia voluntaria: “Los licenciatarios podrán transferir las licencias a un tercero que cumpla con las condiciones previstas por la ley”. Esto quiere decir que nadie puede vender una licencia a otro que al adquirirla esté infringiendo la ley o que por la nueva adquisición se pase de las cantidades que permite el 161 (24 licencias en todo el país y como máximo el 35% del mercado). Para garantizar esto, “el titular del servicio deberá presentar una propuesta de transferencia y la AFSCA se expedirá sobre el particular”.
El punto B del capítulo III tiene un aspecto interesante. Regula qué sucede cuando el titular que debe desprenderse de una licencia para adecuarse no logra hacerlo en un plazo de 180 días, sea porque no encontró un comprador o porque los que encontró fueron rechazados por la AFSCA. En este caso, “el titular podrá autorizar” al AFSCA “para que oferte públicamente la licencia o bien realice un concurso de precios y condiciones de adquisición”. El particular le pide al Estado que se haga cargo de vender su licencia. “La autorización deberá hacerse de forma expresa.”
Una vez que el licenciatario autoriza al AFSCA, este organismo deberá “ordenar una tasación del servicio de comunicación audiovisual”. Para que la licencia pueda ser ofrecida al mercado al “precio” que saldría dicha tasación, el titular debe estar de acuerdo con el monto. Luego, si llegara a aparecer más de un comprador, “deberá convocarse a un concurso de precios y condiciones ofrecidas”. También existe la posibilidad de que en el mismo plazo no aparezcan oferentes o se presenten algunos que ofrezcan una cifra menor a la tasación acordada con el licenciatario. En ese caso, la Autoridad “podrá aceptar las propuestas únicamente de cómo un acuerdo con el titular de las licencias”. Finalmente, si quien tiene las licencias aceptase las condiciones del “comprador”, y el comprador reuniese los requisitos para adquirirla, la transferencia se concretaría.
Otro dato: todas las señales que se encuentren en oferta deberán publicarse en el sitio web de la Autoridad Federal.
De oficio. El Grupo Clarín ha decidido llevar este intento de incumplir con la ley hasta las últimas consecuencias. Esta semana hubo una declaración de la organización Red Mundial de Editores, que agrupa a jefes de los grandes medios de todo el planeta. Esta Red está dirigida hoy por Ricardo Kirschbaum, el editor general del diario Clarín. Fue Kirschbaum quien impulsó el comunicado de la organización pidiendo “alerta” a todos los medios del planeta por lo que puede pasar en la Argentina a partir del 7/D. El Grupo se prepara para transformar la defensa de sus negocios en una supuesta cruzada internacional por la libertad de expresión. Esta posición del multimedio sirve para introducirse en la última parte de la 297, la que seguramente le tocaría al Grupo, ya que se niega a aceptar la norma. Son los puntos que explican cómo se harían las transferencias “de oficio”.
La AFSCA “dispondrá la transferencia de las licencias a los efectos de la adecuación de los titulares” que no estén cumpliendo con la ley. Lo primero de debería hacer la Autoridad en este caso sería “declarar el incumplimiento requiriendo y en ese mismo acto” la intervención de los profesionales que harían la tasación del “servicio de comunicación en cuestión”. Luego, procedería a publicitar las licencias disponibles y ofrecerlas en el mercado. El proceso sigue: cuando aparecieran los posibles compradores, y se reunieran los requisitos, el Estado notificará al infractor que debe transferir la licencia. Si el infractor no hubiera recibido ofertas o no hubiese aceptado las que tuvo, y si todos los plazos establecidos por la ley de medios estuviesen cumplidos, recién entonces la Autoridad “aplicará las medidas de incumplimiento –en cada caso– que correspondiesen”. Es decir: la AFSCA transfiere de oficio la licencia a otro titular.
Es interesante recordar en este punto cómo fue la primer cautelar que presentó Clarín y que finalmente no prosperó. El 1º de octubre de 2009, el Grupo presentó la demanda en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial número 1 con el objeto de que “se ordene la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” por supuestas irregularidades durante su debate en la Cámara de Diputados. Lo que le pedía Clarín a la Justicia era que anulara el Senado, que le quitara la posibilidad de discutir. Sin duda, se trató de viejos vicios de quienes forjaron las bases de su emporio abrigados por una dictadura militar.
El repaso de la Resolución 297 de la AFSCA muestra que el proceso de aplicación de la ley de medios será arduo y complejo. Quizás el 7/D no quede en la historia como el día en que finalizó una etapa de la comunicación en la Argentina, sino como la fecha en que empezó el principio del fin.
Clarín, privatizador en las buenas y estatista en las malas
Por: Luis Lazzaro. Autor de La batalla de la comunicación
Convertible y concentrado. Cómo el multimedio construyó su imperio basado en el endeudamiento, con un discurso a favor de la libre empresa, y luego buscó la protección del Estado cuando estuvo al borde de la quiebra.
Uno de los errores no forzados de algunos comentaristas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consiste en suponer que la adecuación de la estructura empresaria de Grupo Clarín, prevista para diciembre próximo, en virtud de la aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522, consiste en un proceso de desinversión. El término oculta el sentido antimonopólico de los máximos de propiedad establecidos por la ley, pero también es engañoso porque presume un desarrollo productivo previo allí donde sólo hubo concentración empresaria con alto endeudamiento.La fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión (2006, más del 55 por ciento de los abonados) cerró un fenomenal proceso de concentración de mercado ocurrido en los ’90 vía la absorción de centenares de empresas de cable independientes al precio de un fuerte endeudamiento local e internacional. Tal proceso arrojó a miles de empleados a la calle –por aplicación del principio de sinergia empresaria en la administración y en la gestión del canal propio obligatorio– y también fue perjudicial para los usuarios, prisioneros de un sistema de prestador único con nombres diversos pero con facturación unificada, sin competencia en los precios y discrecionalidad en la grilla de contenidos.
No fue el mercado quien salvó al grupo de la debacle, pese a los 500 millones de dólares que puso Goldman Sachs a fines de los ’90. La secuencia mediante la cual el Congreso reformó la ley de quiebras para evitar el crawn down reclamado por el Fondo Monetario; los decretos orientados a compensar deudas privadas con el Estado mediante acciones o bonos, la pesificación asimétrica y, finalmente, la denominada ley de industrias culturales, hecha para impedir que los acreedores externos tomaran más del 30% de las acciones de la empresa, constituyeron un conjunto de medidas políticas y económicas orientadas a salvar –entre otros– a Clarín. A salvarlo del naufragio mediante la protección del Estado y la licuación de pasivos.
Con 22 pedidos de quiebra y deudas por 1.000 millones de dólares, el Grupo admitía en febrero de 2002 estar al borde de la bancarrota, mientras procuraba “protección judicial en un concurso preventivo”. El 60 por ciento de la deuda correspondía a financiamiento externo. La suma del blindaje ante los acreedores, la pesificación (que licuó el equivalente a unos 100 milones de dólares), la colocación de obligaciones negociables, y un acuerdo preventivo extrajudicial, sirvieron para salvar a Multicanal. El operador de cable pudo después sortear la ofensiva de los fondos buitres (W. Duff, Moneta, Eximius), que amenazaron con el copamiento empresario.
En la lógica corporativa, el Estado es un mero instrumento para los negocios. La prédica antiestatal, y a favor de la apertura y desregulación, que posibilitó el acceso a emisoras de radio y televisión con las leyes de privatización del menemismo, fue cambiada luego por una retórica nacionalista, que apelaba a la protección del Estado. Al comienzo fueron leyes y decretos de necesidad y urgencia para favorecer la concentración empresaria con endeudamiento interno y externo, (ciclo 1989-1997). Luego, en el período 2001-2003, las medidas aplaudidas eran impedir la quiebra y captura agresiva de la empresa vía regulaciones proteccionistas. El auxilio incluyó la supresión de venta de pliegos a nuevos competidores en televisión paga durante diez años por parte del viejo Comfer y el privilegio de mantener el cableado aéreo en los postes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta trama, y no la virtuosidad económica, permitió la supervivencia del holding y la acumulación necesaria para ser el motor financiero del grupo de medios.
La empresa que hoy se postula como “protagonista de la convergencia” alcanzó la hegemonía en el cable y su sinergia con Internet (Fibertel) en 2006, al cabo de tortuosas negociaciones con varios de los protagonistas de los años ’90, como Hicks, Muse, Tate & Furst (HTMF). El costo de este proceso superó los 1.000 millones de dólares y fue el mexicano David Martínez (Fintech Advisory, 40 por ciento), quien logró desalojar a Liberty Global (Malone) de Cablevisión para cubrir la llegada de Clarín al “mayor operador latinoamericano” de servicios múltiples con la suma de Multicanal.
La fusión nunca tuvo la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria en materia de concentración económica (CNDC) ni de su par en materia de radiodifusión, el entonces Comfer. La operación fue luego desestimada por ambos organismos, pero vale destacar que, antes del Dictamen 770/CNDC/SCI de fines de 2009, que ordenó desarmar la fusión, buena parte de las operaciones carecían de valor jurídico por infringir la vieja Ley 22.285, de radiodifusión, al exceder la cantidad de licencias del mismo grupo empresario en la misma localidad, lo cual sucedía en más de 20 ciudades con población superior a los 100.000 habitantes.
Pero hay más.
Clarín y el banco JP Morgan fueron luego denunciados por la colocación fraudulenta de acciones sobrevaluadas a los fondos de jubilación, aún bajo el régimen privado de AFJP, por un monto de 500 millones de dólares. La Unidad de Información Financiera (UIF) constató “la manipulación de precios de las acciones” dado “que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, lo cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”. El ex operador financiero de JP Morgan, encargado de la cuenta de Clarín, Hernán Arbizu, denunció el ocultamiento de información vinculada con objeciones a la mega fusión empresaria.
Alejandra Gils Carbó, entonces fiscal de la Cámara Comercial, actual jefa de los fiscales federales, confirmó en ese momento la existencia de “información falsa y engañosa” sobre el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de Cablevisión. Esta circunstancia fue ocultada a los tomadores de obligaciones negociables. El precio de las acciones se desplomó poco después de su colocación en Londres y Buenos Aires en 2007. Los ahorristas perdieron en pocos días las dos terceras partes de su inversión.
Lo que se examina aquí, entonces, no es sólo la posición dominante en el mercado de un grupo que controla casi 500 empresas proveedoras de servicios múltiples (sobre 24 autorizadas por ley), que además tiene el monopolio exclusivo en buena parte de esas ciudades. Se trata también de cómo fue posible ese proceso. En todo el mundo existen leyes antitrust, pero la cuestión de fondo aquí no es la economía, es el derecho a no ser silenciados o manipulados por los dueños de las plataformas multimedia. Al igual que las regulaciones en Estados Unidos o Europa, la Ley 26.522 no considera la información y el acceso a bienes culturales como una simple transacción comercial. Por eso sigue vigente en EE.UU. la prohibición al periódico local de poseer el canal de televisión en la misma ciudad, y un conjunto de restricciones en la estructura horizontal y vertical de las corporaciones, además de los límites a la concentración del cable en el mismo porcentaje (35%) que en la Argentina.
Lo que hay que rescatar aquí es que la verdadera inversión, la de riesgo y de futuro, es la que hicieron los pioneros de la televisión por cable. El resto fue la concentración económica, en un modelo basado en la subordinación del Estado frente a las corporaciones.
“Hay un solo grupo que no acepta la ley"
Por: Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com
Entrevista. Martín Sabbatella. Titular de la AFSCA
Esta semana hubo un trágico ejemplo de lo que produce la concentración mediática: la mayoría de los medios de Santiago del Estero no informaron ni investigaron el asesinato de Miguel Galván, miembro del Mocase, que fue apuñalado en la yugular por un sicario hace pocos días. En esa provincia, es el Grupo Ick quien concentra la mayoría de los medios. Al ser consultado por Miradas al Sur sobre este acto de desinformación, Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audivisual (AFSCA), respondió:
Justamente se trata de que todas las voces tengan lugar para que este tipo de cosas no pasen. La aplicación integral de la ley de medios tendría que permitir que circule la información, que circule la palabra, que se democratice, que no haya omisiones. Nosotros estamos analizando expediente por expediente, grupo por grupo, para ver cuál es la situación de cada uno, y cómo considera el AFSCA que tiene que acomodarse. El Grupo Ick está dentro de los veinticinco grupos que exceden lo que la ley permite. En el corto plazo vamos a presentar una constatación de oficio a cada uno de estos grupos, donde se les informará donde considera el AFSCA que se están excediendo. Este es el paso previo para que hagan la adecuación que les permita estar dentro de la ley.El Grupo Ick se quiere adecuar, pero traspasando licencias a su propia familia.
Hay que estudiar esto porque sería irresponsable si hablo sin haber estudiado el expediente. Lo que está en claro es que todo el mundo tiene que estar dentro de la ley.
Supongamos que hay un grupo Anguita. Si yo estoy excedido de licencias y le paso una a mi hermano y otra a mi hijo, ¿puede ser visto como una manera legal de adecuarse?
Depende de la situación, de si constituyen el mismo grupo económico o no, de si exceden el 35% del mercado que la ley plantea como tope para cada empresa. Hay que ver el origen del dinero con el que se compra la licencia. Hay una cantidad de cuestiones que tienen que analizarse. La ley es pareja para todos y se tiene que aplicar a todos y todas. La mayoría de los concesionarios del país, que tienen la mayoría de licencias, están en regla y no entran en conflicto con la ley.
El tema es que los que no están adecuados tienen muchísimo poder.
Hay un gran nivel de concentración. Hay 2.500 empresas que tienen 4.500 licencias, menos de dos cada uno. Después hay 25 grupos que tienen 250 licencias, que no cumplen con la ley por otros motivos, por ejemplo se exceden del 35% del mercado. Y hay un grupo que tiene 250 licencias y un porcentaje del mercado mucho mayor la 35%. Pero hay una diferencia: los 25 que tienen 250 licencias reconocen la ley y al AFSCA, en cambio el que tiene 250, el Grupo Clarín, no.
¿Alguien está haciendo las cosas bien como para que, el 6 de diciembre, el Grupo Clarín aplique la desinversión? ¿Hay alguien que sirva de ejemplo de cómo se hace la adecuación?
Algunos planes de desinversión se han estudiado, otros no. Tuvimos reuniones con Telecentro, Telefe, Grupo 23 y el Grupo Indalo. Vamos a tener una reunión con el Grupo Vila Manzano. Algunos han presentado un plan. Lo que pasa es que hay que ver uno por uno, ver qué es lo que están proponiendo. Los que sí es claro es que todos han expresado la voluntad de adecuarse. Esta es la diferencia con el otro grupo que no reconoce la ley. Vamos a ir informando qué es lo que piensa el AFSCA sobre cada grupo, que es lo que dicen las empresas, cuál es el plan de adecuación, y si el directorio está de acuerdo. Vamos a dar a conocer diariamente cada medida sobre los planes de desinversión. Todo lo que ocurra.
Falta poco para que llegue la fecha de aplicación de la ley. Hace diez años escribí el libro Grandes hermanos. Allí conté que José Luís Manzano y Héctor Magneto cenaban habitualmente en Michelangelo. Se conocen, son amigos. Está gente es experta en sacar conejos de la galera. Por eso, prefiero hacer de abogado del diablo, ser una voz incómoda. Llevo varios años en esto y usted tiene una carrera política en que ha peleado contra monstruos muy grandes. Me parece que es bueno que sacudamos el árbol para que caigan las peras maduras y no las verdes.
Tengo un compromiso muy fuerte para que la ley se cumpla integralmente y que podamos lograrlo. Es cierto que hay poco tiempo, pero hay un equipo muy intenso que está trabajando. Sé lo que usted conoce, conozco otras opiniones, y tengo un profundo respeto por las mismas. Hay toda una historia en el país sobre la que han trabajado diferentes organizaciones para llegar a esta ley de la democracia, y también el trabajo también de mucha gente del AFSCA. Por todo, este esfuerzo vamos a dar los pasos para que la Argentina tenga esta ley y mejore la democracia, enfrentando tendencias monopólicas, presiones mediáticas y posiciones dominantes. Sabemos que hay intereses económicos importantes, y también lo que enfrentamos en términos de ese poder. La ley tiene que ser igual parar todos y todas. El mandato de la presidenta es muy claro en eso. Hacer cumplir la ley sin privilegios especiales.
Fuente: Miradas al Sur
