domingo, 28 de marzo de 2010

No se puede seguir el juego que pretende jugar Diario UNO

Por: Carlos Varela Alvarez, Alfredo Guevara, Pablo Salinas, Viviana Beigel
El camarista Otilio Romano (foto) pretende victimizarse diciendo que los organismos de Derechos Humanos lo presionamos para que falle a favor de la ley de medios. Es una mentira absurda.
Romano dio valor a las declaraciones de los presos políticos tomadas bajo tortura. Legitimó con su accionar la persecusión de militantes de partidos de izquierda aplicando la ley 20840 de lucha contra la "subversión". Archivó las denuncias efectuadas por presos políticos en la que se expresaban las torturas aunque tenía suficientes pruebas para responsabilizar a los policías del D2.
No investigó robos realizados por grupos de tareas.
Y todo esto, que es lo que denunciamos, ocurrió en la dictadura. Nuestra denuncia se empezó a trabajar en septiembre de 2009, cuando tomamos conocimiento de la existencia de tres expedientes judiciales tramitados por él, por Miret y por el juez Carrizo durante la dictadura.
En esos expedientes (fiscal c/Luna, fiscal c/Rabanal y fiscal c/Mochi) Romano persiguió, ejerciendo su rol de fiscal y en base a la ley 20840, a los presos políticos y basó su acusación en declaraciones efectuadas bajo tortura. Cuando los presos políticos eran indagados por el Juez Carrizo, Romano era fiscal. Los presos políticos eran llevados ante el juez por Carlos Rico Tejeiro, semi desnudos, descalzos y con evidentes signos de tortura. Romano como fiscal debía presenciar esas indagatorias y de hecho tomó conocimiento de las torturas en esas indagatorias, en la que los presos denunciaban los tormentos a los que fueron sometidos en el D2.
Todo esto pasó en la dictadura, no tiene nada que ver con la Ley de Medios.
La denuncia nuestra se presentó ante el Consejo de la Magistratura el 22 de diciembre de 2009, antes de que la justicia federal de Mendoza tuviera que decidir sobre la Ley de Medios.
La supuesta presión de los organismos de derechos humanos no es real, es una victimización de este juez que no sabe como sacarse de encima la acusación justa de los organismos por su actuación en la dictadura. Es lo mismo que hace la jueza Sarmiento, diciendo ahora que su padre es acusado de haber cometido crimenes porque ella falló en contra del gobierno. Un absurdo total pero quizás una buena manera de pretender desviar la atención hacia otro lado. El juez Miret se declaró amigo íntimo del Gral. Juan Pablo Saa (acusado por el plan Cóndor).
El diario UNO responsabiliza a los familiares y víctimas de la dictadura y organismos de demorar las causas contra los represores con sus recusaciones a Camaristas. Pretende el Diario UNO que los familiares consintiéramos la actuación del Juez Julio Demetrio Petra que liberó a todos los represores de Mendoza, que cuando no había sido denunciado ni recusado falló a favor de los represores en la causa Sánchez Andía.
En efecto, la Cámara Federal empezó el 23 de mayo del 2008 liberando a todos los detenidos acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar, ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad Cardello, León y Mirota, a pesar del testimonio persistente de Carmelo Cirella Paredes quien durante 20 años declaró en contra de ellos.
Continuó el 13 de septiembre de 2008 liberando al coronel Oscar Orlando Dopazo, quien fuera jefe de Inteligencia del G2 en los ’70 quien murió en libertad, luego, el 18 de septiembre de 2008 con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González (Alfredo López Cuitiño votó en contra), también liberó al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel en los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (que también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina. Su labor no cesa, y el 19 de noviembre de 2008 otorgan la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.
El Diario UNO pretende que los organismos aceptemos que el Juez Julio Demetrio Petra siga juzgando y liberando a todos los represores, quiere que aceptemos a Lopez Cuitiño que se inhibió, que aceptemos a Sosa Arditi que es el padre del abogado defensor del Comisario Rico Tejeiro, que no denunciemos a Luis Francisco Miret por su amistad íntima con un represor.
El Diario UNO sigue al pie de la letra los argumentos del abogado de los genocidas de San Juan, Abogado San Emeterio, en su estrategia de acusar a las víctimas de las demoras en los expedientes, nada más falso que esto ya que el juicio del 11 de marzo se paró por una recusación de los abogados de los represores.
No se puede seguir el juego que pretende jugar Diario UNO y el juez Romano con el problema ley de medios. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

*Abogados, integrantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Mendoza

Más sobre Otilio Romano: Otro Angelito, por: Horacio Verbitsky

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